Los Cinco fueron condenados en diciembre del 2001. El principal acusado, Gerardo Hernández, fue condenado a dos cadenas perpetuas – si es que eso es posible. Otros dos, Antonio Guerrero y Ramón Labañino recibieron cadenas perpetuas también. Fernando González y René González fueron condenados a 19 y 15 años, respectivamente. Esas eran todas las máximas sentencias en todos los casos.

Se presentaron 26 cargos por separado contra los Cinco. Veinticuatro de ellos son cargos relativamente menores y más bien técnicos. Pero dos eran graves pues cada uno de ellos implicaba la cadena perpetua. Uno de los otros 24 era el no registrarse como agentes extranjeros ante la Fiscalía General de los Estados Unidos. Los acusados estuvieron de acuerdo con este cargo. Sin embargo, ellos trataron de explicar – y no se les permitió – que bajo una doctrina de las leyes estadounidenses conocida como la Defensa de Necesidad ellos debían ser perdonados por no haber cumplido con ese tecnicismo de registrarse como agentes extranjeros puesto que su misión implicaba la protección de vidas humanas, evitar daños a propiedades y prevenir actos terroristas. Según las leyes de Estados Unidos, usted puede técnicamente violar una regulación establecida por la ley si lo está haciendo para evitar un daño mayor.

Esto no es algo académico.

En el caso de los Cinco, la defensa trató de presentar este argumento como una respuesta a la violación técnica de no registrarse, pero la jueza no permitió su uso aquí en Miami.

Otro de los cargos era el uso de falsa identidad que, nuevamente, los acusados no objetaron. Esos cargos implican penas máximas de cinco años, o sea que ellos deberían ya haber sido puestos en libertad.

Vamos a referirnos a los dos cargos principales.

El cargo del que más se ha hablado es el cargo relacionado con el “espionaje”. En primer lugar hay que decir que en este caso no existe una acusación de espionaje. El gobierno de Estados Unidos no presentó cargos de espionaje contra ellos. Lo que el gobierno hizo en este caso es lo mismo que ha hecho usualmente cuando un juicio es político y no tiene evidencia de que se haya cometido un delito. Tiene a personas con antecedentes políticos que podrían llevar al jurado a que emita un veredicto de culpable incluso sin evidencias, creando argumentos y usando la teoría que la ley conoce como Conspiración.

¿Y qué es una Conspiración? Una conspiración es un acuerdo para cometer un delito. El gobierno no tiene que probar que se cometió un delito, sino solamente que existía un acuerdo para hacerlo – el acuerdo es el delito. O sea, en este caso – y así consta en las actas – el gobierno alega una y otra vez que nadie está acusado de espionaje ni por espiar. Pero ellos no le dijeron esto a la prensa fuera de la corte. A ellos se les acusó de estar de acuerdo con hacerlo en un momento no especificado en el futuro. Que en algún momento estos cinco hombres cometerían espionaje.

Cuando el fiscal del gobierno comenzó a hablarle al jurado, ¿qué fue lo primero que les dijo? Dijo: “Arrestamos a estos cinco hombres e incautamos 20,000 páginas de documentos de sus computadoras, pero, señoras y señores del jurado, de esas 20,000 páginas no podemos presentarles una página de información clasificada”. Eso está en las actas. Ni una sola página. Antonio, Gerardo y Ramón están cumpliendo cadenas perpetuas – la misma sentencia que recibió Aldridge Ames por vender miles de documentos clasificados a los rusos, y que Robert Hanssen, el supervisor del FBI que traicionó a su país al darle a los rusos miles de páginas de documentos clasificados, un hecho que costó la vida de muchas personas. Tres de los cinco cubanos están cumpliendo las mismas sentencias que esos dos caballeros sin que exista una solo página de información clasificada.

Así, es importante que no olvidemos lo que existe y lo que no existe en este caso en términos legales.

El gobierno presentó en el juicio a uno de los principales oficiales de inteligencia en Estados Unidos – un general que era director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, la principal agencia de inteligencia en el gobierno. Paul McKenna, uno de los abogados de la defensa, le preguntó al General si había leído algunas de esas 20,000 páginas y respondió que sí. Entonces Paul le preguntó cuántas de ellas estaban relacionadas con información de defensa nacional y la respuesta del General, que está recogida en las actas, fue “Ninguna que yo recuerde”.

Entonces, ¿en qué se basó el gobierno? Pues en que Antonio Guerrero, trabajaba en la Base Naval estadounidense de Boca Chica. Trabajaba en un puesto de baja capacidad, pero era un agente del gobierno de Cuba que tenía una misión y que informaba a su país. Todo esto fue admitido. Pero la misión que él tenía y lo que informaba a Cuba no era información de defensa nacional sino información pública disponible para cualquiera que quisiera tomarla y enviarla a cualquier parte, y por lo tanto no era un fundamento para presentar cargos de espionaje.

Lo que Antonio envió a Cuba fueron referencias de aviones despegando y aterrizando – toda información disponible al público. El gobierno señaló eso como algo inapropiado y una violación de las leyes de espionaje. Al jurado en Miami se le dijo que un agente cubano que trabajaba en una base estadounidense estaba enviando información a Cuba sobre aviones despegando y aterrizando – todo esto completamente legal. A Antonio Guerrero se le dijo que no violara ninguna de las medidas de seguridad de la base y, de hecho, así lo hizo. ¿Cómo sabemos que no lo hizo? Pues porque el gobierno sabía de él dos años antes de arrestarlo. Ellos los estaban vigilando y sabían que Antonio nunca solicitó una autorización de seguridad ni nunca estuvo en un área de seguridad sin permiso ni nunca violó las regulaciones de la base. Ellos se sentían tan confiados con el hecho que Antonio no hacía nada ilegal que cuando la jefa de la base fue llamada a testificar, ella dijo que el FBI nunca le informó que sabían todo eso acerca de Antonio Guerrero. Nunca se lo dijeron a ella. ¿Y por qué nunca se lo dijeron? Pues porque él no estaba haciendo nada inapropiado.

Sin embargo, el jurado lo condenó por sus propios prejuicios y predisposición. ¿Quiénes formaron parte del jurado en este caso?

Los abogados han estado largo tiempo tratando de establecer por qué los Cinco no recibieron un juicio justo de un jurado justo. Expertos han recopilado artículos de periódicos. Existe tanta documentación como nadie ha recopilado jamás acerca de por qué este caso no debió haber sido juzgado en Miami. Pero lo fue. Terminaron con un jurado que era muy poco común. El presidente del jurado que juzgó a estos cinco agentes dijo que estaba en contra de la dictadura de Fidel Castro y que anhelaba el día en que este fuera derrocado. El segundo miembro del jurado – un banquero retirado de Illinois – dijo que su hijo había sido infante de la Marina durante 21 años y que su hija había estado por 15 años con el FBI y aun lo está. El tercer miembro del jurado trabajaba para el Fiscal General del estado de la Florida en la división penal.Y así por el estilo hasta llegar a los doce miembros. Ese fue el jurado que tuvieron en el Distrito Sur de la Florida.

El jurado no necesitó mucho tiempo. De hecho, cuando acabó el juicio, el jurado luego de escuchar a más de 70 testigos sólo se tomó un día para decidir sobre la acusación de espionaje que culminó con la imposición de sentencias a cadenas perpetuas. Ellos no hicieron siquiera una pregunta, no releyeron ninguno de los testimonios, ni examinaron evidencia alguna. Simplemente decidieron un juicio que duró siete meses en tan sólo un día.

Eso fue lo que ocurrió con el tema del espionaje. ¿Qué hay en cuanto a la sentencia a cadena perpetua dictada contra Gerardo Hernández por otra supuesta conspiración? Los cargos más serios presentados en su contra eran ambos conspiraciones ¿Qué otro cargo fue ese que le valió la segunda cadena perpetua?

Se trataba de conspiración para cometer asesinato. En este caso, de nuevo, la evidencia era tan pobre que al final del juicio la fiscalía acudió a la corte de apelaciones con un escrito de emergencia y dijo: ‘Si la jueza instruye al jurado como dijo que lo hará nosotros no tenemos caso contra Gerardo Hernández, porque no tenemos ninguna evidencia de que se tratara de una conspiración para derribar las dos avionetas en aguas internacionales’.

Ése es literalmente el significado del auto de acusación que la jueza le instruyó al jurado leer. Y aunque ella sí los mandó a leer la parte donde decía que si el gobierno reconocía no tener evidencia alguna de la participación del acusado en el derribo de las dos avionetas en aguas internacionales no habría caso, al jurado le tomó sólo un día analizar este cargo para luego sentenciar a Gerardo Hernández a una segunda cadena perpetua.

Este constituye uno de los capítulos más fascinantes e ilustrativos sobre la historia de las relaciones entre dos países. ¿Cómo fue que se introdujo este informe en el juicio? La defensa trajo a testificar al Almirante Carroll, un militar estadounidense retirado y trajeron al general estadounidense retirado Atkeson. Trajeron a Richard Nuccio, consejero del Presidente Clinton, cuya oficina radicaba en la Casa Blanca y que dijo lo siguiente bajo juramento durante el juicio: “Yo formulé la política hacia Cuba” para el presidente de los Estados Unidos. Testigos como estos comparecieron durante el juicio, así como funcionarios de la Agencia Federal de Aviación y otros del Departamento de Estado. Se elaboró un informe completo sobre lo ocurrido a las dos avionetas y el por qué fueron derribadas.

Brevemente, la historia comienza con el cambio en 1995, cuando Estados Unidos y Cuba lograron un acuerdo histórico para intentar regular, controlar y humanizar la política migratoria. ¿Y qué ocurrió con ese acuerdo?

La organización Hermanos al Rescate, que por muchos años ganó grandes sumas y contribuciones ayudando a los balseros, se vio de pronto enfrentada a una situación en que tenían que avisar al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos de cualquier balsero que avistaran para que éste fuera luego devuelto a Cuba. De repente, Hermanos al Rescate sintió que tenía que cambiar de actividad. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Hermanos al Rescate comenzó a desarrollar acciones terroristas contra Cuba. En los 20 meses que precedieron al derribo de las avionetas – y así consta en el informe – se produjeron 25 vuelos sobre territorio cubano de Hermanos al Rescate sin que el gobierno de la isla tomara medida alguna contra ellos. Ningún país toleraría esto; menos aún uno que, como Cuba, había sufrido una larga historia de agresiones provenientes de Estados Unidos.

¿Qué hizo Cuba con esos 25 vuelos sobre su territorio a lo largo de 20 meses? Cuba presentó una queja diplomática formal por cada una de las violaciones de su espacio aéreo, como quedó recogido en el juicio. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos no hizo nada al respecto.

Los vuelos dentro el espacio aéreo cubano se incrementaron hasta que en enero de 1996, Cuba invitó al Almirante Carroll de la Marina de Estados Unidos a visitar la isla. Durante su estancia en Cuba, el Almirante Carroll se entrevistó con el jefe de la fuerza aérea cubana que le dijo: ‘Almirante Carroll, nosotros no vamos a tolerar más estas acciones. No podemos. Tenemos información (suministrada por los Cinco – aunque por supuesto no dijo eso) de que hay planes inmediatos de artillar esos aviones que sobrevuelan nuestro territorio con bombas y explosivos y nosotros tenemos que defendernos’.

Le dijo al Almirante Carroll que cuando regresara a Estados Unidos debía reunirse con el Departamento de Estado y el Pentágono para que pusieran fin a estos vuelos ilegales sobre territorio cubano. El Almirante Carroll dijo esto durante el juicio – y así consta en acta. Él regresó a Washington y se reunió con funcionarios en el Pentágono y el Departamento de Estado y les dijo que Cuba hablaba en serio: ‘Ellos están amenazados y preocupados y no van a tolerar esto por más tiempo’. El Pentágono y el Departamento de Estado no hicieron nada.

Richard Nuccio testificó que, efectivamente, él estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y que estaba muy preocupado al respecto, que incluso hizo a sus subordinados redactar y enviar memorándums, lo cuál consta también en el acta del juicio.

¿Qué decían esos memorándums? Decían lo siguiente – éstos son memorándums oficiales del Departamento de Estado: ‘ Cuba está perdiendo la paciencia’. Uno de los memorándums concluía, como sólo puede hacerlo un memorándum del Departamento de Estado: ‘we better have all our ducks in a row (Mejor tenemos todo preparado) porque lo que va a ocurrir es que Cuba se va a defender y alguien va a ser derribado y nosotros debemos tener clara nuestra posición’.

Y Richard Nuccio testificó que en enero de 1996 vio a José Basulto –líder de Hermanos al Rescate– en la televisión estadounidense, presumiendo de sus incursiones en el espacio aéreo cubano y burlándose del gobierno cubano por no contar con los medios defensivos para derribarlo o detenerlo, y le decía a los cubanos de la isla: “¿Ven? Ustedes pueden enfrentarse a este gobierno y seguir mi ejemplo – si ustedes emprenden acciones agresivas contra Cuba, el gobierno de la isla cederá”. Nuccio dijo que al ver eso hizo una mueca de dolor porque sabía que los cubanos en la isla también estaban viendo esa actuación en televisión y que no lo iban a tolerar más.

Y así sucesivamente, el 13 de enero de 1996 se produjeron nuevos vuelos sobre territorio cubano. Entonces llegó el 24 de febrero, todos conocíamos que ese día volverían a penetrar en el espacio aéreo cubano. Y todos se preparaban.

Cuando Basulto y los otros se disponían a despegar para llevar a cabo esta misión que terminó de manera tan desastrosa, se les advirtió en el aeropuerto que sería muy peligroso si tenían intenciones de sobrevolar el espacio aéreo cubano. El Sr. Basulto testificó que ellos se reunieron y discutieron esto y estaban conscientes del peligro que corrían, pero despegaron de todas maneras. Cuando se acercaron a Cuba, sostuvieron una comunicación por radio con las autoridades de la aviación cubana y un controlador de vuelo cubano les advirtió que estaban penetrando en una zona militar restringida y que sería muy peligroso si seguían adelante. Sin embargo, las avionetas de Hermanos al Rescate hicieron caso omiso a las advertencias. Ellos fueron advertidos del peligro antes de despegar de la base en Estados Unidos y luego en Cuba por los cubanos.

¿Cree usted que Gerardo Hernández fue quien previno a los cubanos? De eso lo acusaron como parte de esta conspiración para cometer asesinato. No fue Gerardo Hernández. Resulta que fue la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos la que notificó a los cubanos que las avionetas iban en camino. Gerardo Hernández no tuvo nada que ver con eso.

Las avionetas continuaron rumbo sur. Los cubanos hicieron despegar sus MIGs. Basulto dio la vuelta y los MIGs derribaron las otras dos avionetas. Basulto llevaba encendida su grabadora en la cabina del piloto para dejar constancia de esta nueva misión “exitosa” sobre Cuba. La cinta seguía corriendo a medida que los MIGs se acercaban y hasta puede escucharse la risa de Basulto al tiempo que las otras dos avionetas estaban siendo atacadas – cuatro murieron.

Ahora bien, hay un nuevo elemento respecto al derribo. Una corte estadounidense acusó formalmente a los pilotos cubanos y a todos los oficiales involucrados. ¿Qué dice esta nueva acusación? Dice que las dos avionetas fueron derribadas en aguas internacionales. Aún así, la acusación dice que una de las avionetas se encontraba a 16 millas de las costas cubanas – cuatro millas más allá del límite –cuatro millas. A la velocidad que desarrollan los MIGs, si los cubanos en verdad derribaron las avionetas en aguas internacionales, fue un error de segundos. Los cubanos sostienen que las avionetas se encontraban dentro del espacio aéreo cubano, pero la nueva acusación estadounidense dice que se encontraban a 16 millas de las costas, es decir a cuatro millas del límite. La segunda avioneta, según dijeron, se encontraba a 21 millas del litoral cubano.

Esto lo sostiene un país que está en estos momentos negociando con otras 34 naciones para que le concedan inmunidad total a todos los soldados estadounidenses ante cualquier delito que puedan cometer en cualquier parte. Entonces, al tiempo que negociamos la inmunidad internacional para nuestros soldados, estamos también acusando a dos pilotos de, quizás, cometer un error de sólo segundos.

Usted puede darse cuenta de cuán pobre era el caso contra Gerardo. ¿Qué vínculo tuvo Gerardo con la conspiración? La fiscalía tenía una evidencia en contra de Gerardo – un cable desde Cuba en que le decían que no debía volar ese día y que tampoco los otros debían hacerlo.

¿Qué demuestra eso? ¿Demuestra acaso que él tenía conocimiento o estaba al tanto de lo que ocurriría ese día, o que de alguna manera estaba involucrado en una “conspiración para cometer asesinato”? Está es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se levantan cargos por asesinato cuando dos aviones de un país soberano derriban otro avión en defensa de su integridad territorial. Nunca antes se había dado un caso de asesinato en un contexto semejante. Y tampoco nunca antes se dio un caso de asesinato basado en evidencia tan pobre, aún cuando fuese viable. Se trata de un acto justificado por parte de un Estado soberano en legítima defensa de su territorio.

El caso contra Gerardo, basado en estos dos cargos no puede sostenerse, se desmoronará, y esperamos que el Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones así lo considere.

También la apelación se refiere a otros. Estados Unidos ha hecho uso de cualquier táctica concebible en el mundo legal para conseguir estas condenas. Una de sus tácticas fue clasificar como altamente secretos todos y cada uno de los 20,000 documentos ocupados a los acusados. Entonces, cada vez que los acusados pedían que le devolvieran sus documentos para poderse defender, el gobierno se negaba a entregárselos, aduciendo que se trataba de información secreta. Para hacer esto el gobierno se amparó en lo que se conoce como CIPA, Classified Information Protection Act (Ley para la Protección de Información Secreta).

¿Qué es el CIPA? Estados Unidos aprendió por el caso Ames y otros que cuando empleados del gobierno estadounidense roban documentos clasificados, luego se defienden diciendo: ‘si usted nos lleva ante una corte judicial haremos públicos todos los documentos clasificados’ y entonces, no podían enjuiciarlos. Para prevenir esto, el Congreso aprobó el CIPA, que le impide a antiguos empleados gubernamentales chantajear al gobierno para escapar de una corte judicial.

Esos documentos pertenecían a los Cinco, pero sólo unos pocos les fueron devueltos – el gobierno los devolvió magnánimamente después de muchos meses de retraso. Entonces el gobierno sostuvo una sesión confidencial con la jueza para explicarle el por qué no podían entregarle el resto de los documentos a la defensa, y la jueza estuvo de acuerdo. Los abogados de la defensa fueron excluidos de esa reunión. Las transcripciones de ese procedimiento fueron selladas y aún hoy cuando nosotros solicitamos que nos permitan consultarlas para poder argumentar la apelación, el gobierno se rehúsa. ¿Cómo podemos preparar la defensa si no sabemos lo que ellos le dijeron a la jueza en esa sesión confidencial?

Ese es otro de los argumentos ante el Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones. Es un caso muy complejo, sobre temas tan serios como la ley internacional, la soberanía, la credibilidad y el espionaje. Profesores de derecho, decanos y otros expertos legales han revisado los documentos y la historia de este caso, así como también los informes de la defensa. Todos concuerdan en que de ninguna manera se puede perder este caso de apelación.

Lo peor que podría pasar es que nuevamente se silencie el caso. Se respetará la ley sólo si la corte se convence de que hay personas siguiendo el caso. Entonces, el apoyo es esencial, la solidaridad es esencial, el conocimiento y la información son esenciales. Los Cinco realmente necesitan ese apoyo porque la desinformación es terrible y el gobierno ha tenido éxito silenciando este caso o desinformando a las personas al respecto.

En los últimos días se ha informado que el caso será uno de los cuatro casos que la Corte escuchará el día 10 de marzo. Tanto la defensa como la Fiscalía tienen 15 minutos para presentar los argumentos orales. La defensa ha presentado una moción solicitando un tiempo adicional debido a la extensión del juicio y a lo vasto del registro de documentos.

Después de escuchar los argumentos orales la corte se reservará su decisión y el veredicto se entregará por escrito probablemente de dos a cuatro meses después.

Los principales aspectos que se presentan en la apelación en resumen son: En primer lugar, se argumentará que la evidencia en el cargo número 3 contra Gerardo Hernández fue insuficiente legalmente para condenarlo por supuestamente haber conspirado para cometer asesinato. En segundo lugar, que la evidencia en el cargo número 2, el de conspiración para cometer espionaje fue insuficiente. En tercer lugar, la sede no debió haber sido Miami. Este será un argumento muy poderoso pues Miami fue la peor jurisdicción donde pudo haberse celebrado este juicio. También se alegará que las sentencias fueron excesivas e ilegales de acuerdo con la ley estadounidense. También se alegará que la defensa por necesidad fue injustamente retirada del caso. Según la ley de Estados Unidos, una persona tiene derecho, e incluso es alentada, a violar la ley si al hacerlo reduce la posibilidad de violencia o daño físico. En este caso, las pruebas presentadas muestran claramente que los Cinco trataban de reducir la violencia o el daño físico contra el pueblo cubano causado por la red terrorista del Sur de la Florida. Es por eso que ellos tenían el derecho de no registrarse como agentes extranjeros; tenían el derecho de poseer documentos que escondieran su identidad. Estas son infracciones menores y la ley permite las infracciones menores si se está tratando de evitar un mal mayor. Ese es el punto en este caso; el juez no le permitió a los abogados de la defensa alegar eso ante el jurado. Además, hay una serie de asuntos relacionados con el juicio. El fiscal cometió actos de conducta inapropiada, ese es un punto; la defensa no pudo desarrollar su trabajo de forma apropiada porque la fiscalía injustamente retuvo información alegando que era secreta y la defensa tenía derecho a acceder a ella; y el gobierno violó sus propias normas al entrar por la fuerza en los apartamentos de Gerardo Hernández y otros para secretamente “bajar” información de sus computadoras, todo eso violando la ley estadounidense. En relación con el hecho de que la vista se celebre en Miami, los abogados no creen que esto perjudique la apelación. Los jueces, por supuesto, son del Undécimo Circuito y eso significa que, aunque no se sabe quiénes son los tres que actuarán, la mayoría de ellos no son de Miami. Tradicionalmente, los casos que no pertenecen a Miami y tienen apelación ante el Undécimo Circuito en Atlanta son trasladados a Miami para la presentación oral. Los abogados pensaron que se haría una excepción en este caso pues se está alegando prejuicio en esa jurisdicción. Desafortunadamente, el undécimo circuito decidió que la audiencia tendría lugar en Miami de todas formas lo cual indica una falta de sensibilidad por parte de la corte ante el argumento en contra de la jurisdicción de Miami. Otro aspecto importante en estos momentos es la situación de los familiares. A Olga Salanueva y Adriana Pérez, esposas de René González y Gerardo Hernández, respectivamente, se les han negado recientemente las visas para viajar a Estados Unidos a visitar a sus esposos en prisión. Esta vez, el servicio de inmigración estadounidense dijo que ellas no pueden alegar razones humanitarias para solicitar visas porque ambas representan una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Por supuesto, no existe ninguna prueba creíble que demuestre que Olga o Adriana o los hijos de Olga, sean una amenaza para los Estados Unidos. Es completamente inimaginable que ellos puedan alegar eso. En segundo lugar, el tema de las visitas familiares a los prisioneros federales fue tratado el pasado año por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y, en una decisión extraordinaria, la Corte Suprema sostuvo claramente que si la Constitución de los Estados Unidos protege algún interés, ese es el de mantener la familia. En ese caso ellos decidieron que una agencia gubernamental no podía destruir una familia al obstruir las relaciones de un recluso con su esposa e hijos. Creo que la Constitución de los Estados Unidos anula cualquier estatuto, incluyendo los de inmigración. O sea, es una violación muy clara y básica de la Constitución estadounidense impedir que estas familias, la de Olga y la de Adriana, se mantengan unidas. Es más, cuando revisamos las regulaciones del Buró de Prisiones Federales encontramos que las mismas exigen que sean permitidas las visitas familiares por la simple razón que ellos han comprobado que cuando un recluso es visitado regularmente por su familia, deja de ser un problema, se convierte en un mejor recluso, menos hostil y mejor para la institución. O sea, que incluso es un interés para la Prisión Federal, como está escrito en las regulaciones, que a los reclusos no solo se les permita sino que se les aliente a ser visitados por sus cónyuges e hijos porque así se convierten en mejores presos. La Constitución de Estados Unidos y las regulaciones carcelarias claramente favorecen las visitas de Olga y Adriana. El gobierno estadounidense ya ha recibido una carta de protesta de Amnistía Internacional en la que se señala que el derecho internacional establece que a todo recluso debe permitírsele ver a sus familiares. Este es claramente un requisito humano del derecho internacional. En fin, está claro que tanto en el plano constitucional como internacional ellas tienen el derecho de visitarlos, incluso según las regulaciones del Buró Federal de Prisiones.

BREVE RESUMEN DEL CASO DE LOS CINCO CUBANOS

Leonard Weinglass*

Después de décadas de ataques a su territorio (incendios provocados, sabotajes, asesinatos, y el uso de armas biológicas) perpetrados por grupos terroristas anti-cubanos en el Sur de la Florida, con el apoyo y el consentimiento del gobierno de Estados Unidos y tras reiteradas negativas del gobierno norteamericano a tomar medidas para evitar tales ataques, un grupo de hombres desarmados vinieron desde Cuba a Estados Unidos para monitorear las actividades de los grupos mercenarios responsables de esos ataques así como de las organizaciones que los apoyan y advertir a Cuba de sus intenciones agresivas.

En septiembre de 1998 cinco de estos hombres, que después se conocerían como Los Cinco Cubanos, fueron arrestados en el Sur de la Florida por agentes del FBI y mantenidos en celdas de aislamiento durante 17 meses antes que su caso fuera llevado al tribunal. Primeramente ellos fueron acusados del nebuloso cargo de conspiración, que según las leyes de Estados Unidos constituye un acuerdo para cometer espionaje (el gobierno de Estados Unidos nunca los acusó de espionaje real, ni afirmó que hubiera ocurrido espionaje real ya que no les fue incautado ningún documento militar clasificado).  Adicionalmente, ellos enfrentaron cargos menores por uso de nombres falsos y por no notificar a las autoridades federales que estaban trabajando a nombre de Cuba desde territorio norteamericano.

Siete meses después se adicionó un  nuevo cargo: de nuevo conspiración, pero esta vez para cometer asesinato, en contra de uno de Los Cinco, Gerardo Hernández, como resultado de una intensa campaña pública para vengar el derribo por parte de la Fuerza Aérea Cubana de dos avionetas de un grupo anticastrista y las muertes de sus cuatro ocupantes, hechos que tuvieron lugar dos años antes cuando estas avionetas estaban dentro o a punto de salir del espacio aéreo cubano. Las avionetas pertenecen a una organización que en los 20 meses anteriores al incidente del derribo había penetrado el espacio aéreo cubano 25 veces, lo cual había sido objeto de protestas reiteradas por el gobierno cubano. El derribo tuvo lugar  después que los cubanos habían advertido oficialmente a Estados Unidos que a partir de ese momento su espacio aéreo sería defendido.

A pesar de la enérgica  objeción por parte de la defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, Florida, comunidad que alberga a más de medio millón de exiliados cubanos, con una larga historia de hostilidad hacia el Gobierno  cubano – entorno que una corte federal de apelaciones de Estados Unidos describiría más tarde como una “tormenta perfecta” de prejuicios, que impidió en este caso la realización de un juicio justo. Cada uno de los 12 miembros del jurado seleccionado para juzgar el caso, y que expresaron una opinión acerca del Gobierno Cubano, fue hostil. Los tres posibles jurados que expresaron neutralidad acerca de Cuba fueron descalificados por el gobierno.

El juicio duró más de seis meses, convirtiéndose en el más largo en Estados Unidos hasta ese momento. Más de 119 volúmenes de testimonio y más de 20 000 páginas de documentos fueron compilados, incluyendo el testimonio de tres generales retirados del ejército, un almirante retirado, el ex asesor del Presidente Clinton para asuntos cubanos (todos llamados por la defensa), así como altos oficiales cubanos. Al final del juicio, cuando el caso estaba a punto de ser presentado al jurado para su consideración, el gobierno presentó una apelación extraordinaria ante una corte superior buscando su intervención al reconocer que había fracasado en probar el cargo principal de conspiración para cometer asesinato, alegando que enfrentaba un “obstáculo insuperable” para ganar el caso. Después de que esa apelación fuera rechazada, el jurado, no obstante, encontró culpables a los cinco de todos los cargos, después de haber sido puesto bajo una intensa presión por parte de los medios de prensa locales, cuyas cámaras persiguieron a los jurados hasta sus carros para que sus números de placas pudieran ser filmadas, así como por los anticastristas que no dejaron de manifestarse frente a la Corte.

Después de ser hallados culpables los Cinco fueron sentenciados a condenas largas y sin precedentes y confinados en cinco cárceles de máxima seguridad  totalmente separadas una de otra. Gerardo Hernández  fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, Antonio Guerrero y Ramón Labañino a una cadena perpetua cada uno, Fernando González a 19 años y René González a quince años. Los tres con cadenas perpetuas se convirtieron en las primeras personas en Estados Unidos en recibir cadena perpetua en casos relacionados con espionaje, donde no existió ni un solo documento secreto.

Gerardo Hernández Nordelo     2 cadenas perpetuas más 15 años Ramón Labañino Salazar         1 cadena perpetua más 18 años Antonio Guerrero Rodríguez     1 cadena perpetua más 10 años Fernando González Llort           19 años René González Sehwerert         15 años

La apelación inicial tomó más de 27 meses para finalizar con la decisión de un panel de tres jueces de la corte de apelaciones que revocó todas las condenas al considerar que estos cinco hombres no tuvieron un juicio justo en Miami. En una acción inusual, el Gobierno solicitó a los doce jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito revisar la decisión del panel en un procedimiento llamado en banc.  Exactamente un año después, con una fuerte opinión discrepante por parte de dos de los jueces, el pleno de la Corte revocó por mayoría la decisión de 93 páginas de los tres jueces originales, y rechazó que un ambiente de violencia e intimidación dominaba Miami. En el último cuarto de siglo esa Corte en pleno nunca decidió a favor de una persona acusada de un crimen federal.

Mientras tanto, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, después de estudiar los argumentos presentados tanto por la familia de los Cinco como por el gobierno de Estados Unidos, determinó que su privación de libertad era arbitraria y exhortó al gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para rectificar esa arbitrariedad.

El Grupo de Trabajo  manifestó que, basado en los hechos y las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el juicio, la naturaleza de los cargos y la severidad de las sentencias, la privación de libertad de los Cinco viola el Artículo 14 de la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual Estados Unidos es signatario.

El 20 de agosto de 2007 tuvo lugar en la Corte del 11no Circuito de Apelaciones de Atlanta una Audiencia oral convocada por el panel de tres jueces que tiene a su cargo la apelación del caso, en la cual, al igual que en las dos anteriores celebradas en Marzo de 2004 y Febrero de 2006, ambas partes –Gobierno y Defensa- expusieron sus argumentos y respondieron a las preguntas de los jueces.

Esta audiencia constituyó un paso más en el largo proceso de apelación de estos cinco hombres desde que fueron sentenciados en el año 2001. En esta ocasión una vez más el Gobierno de Estados Unidos fue incapaz de refutar los argumentos de la Defensa y sustentar sus acusaciones.

La Defensa por su parte demostró fehacientemente la conducta impropia del Gobierno durante todo el proceso legal contra los cinco como una violación flagrante que incide en todo el caso y que tiene que ver básicamente con la forma en que la Fiscalía inventó crímenes que no fueron probados en el juicio, promovió un ambiente hostil y manipuló la evidencia y al jurado.

La falta de pruebas para sustentar las dos principales acusaciones – conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer asesinato en primer grado- y la imposición de condenas de cadenas perpetuas, completamente irracionales e injustificables, ha sido otro argumento clave de la Defensa para explicar la arbitrariedad del proceso. El propio Gobierno reconoció durante el juicio que no podía presentar un solo documento secreto para probar el espionaje y que se enfrentaba a “un obstáculo insuperable” para probar el cargo de asesinato.

A todo lo largo del amañado proceso el Gobierno admitió que su verdadero propósito era proteger a los grupos terroristas anti-cubanos que operan con total impunidad desde Miami y castigar a quienes luchan contra ellos.

El 4 de junio de 2008 el Panel de 3 jueces emitió su opinión en la cual ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco; ratificó las sentencias de Gerardo Hernández y René González; anuló las sentencias de Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, y devolvió a la Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos para ser sentenciados nuevamente en audiencia que debe convocar a tales efectos.

El próximo 12 de septiembre estos cinco hombres cumplirán su décimo año en prisión acusados de crímenes que no cometieron, sólo por el hecho de intentar preservar a Cuba de acciones terroristas.  Cuba, al igual que Estados Unidos y que cualquier otro país del mundo, está en su legítimo derecho de defenderse de ese flagelo que tantas víctimas ya ha ocasionado.

El caso contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González se encuentra aún en apelación ante el Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta.

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS

Entre el momento de la detención y el juicio, los Cinco siguieron detenidos sin derecho a fianza durante 33 meses, además de permanecer también durante 17 meses en celdas de confinamiento solitario. Se les impidió todo contacto con sus familiares e hijos pequeños, y ni siquiera podían comunicarse entre sí.

En agosto de 2001, antes de las audiencias condenatorias del juicio, fueron enviados nuevamente a “el hueco” durante 48 días.

Justo cuando sus abogados preparaban los documentos para entregar a la Corte y sus casos estaban a punto de estar listos para la apelación en marzo de 2003, de manera sumaria los Cinco fueron enviados una vez más a celdas de castigo en aislamiento “por órdenes de Washington”,  según dijeron los administradores de las penitenciarías locales, quienes se quedaron perplejos con esta directiva porque los Cinco se habían comportado de un modo ejemplar.

En esos momentos,  el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió mantenerlos en confinamiento solitario alegando motivos de “seguridad nacional”. Las autoridades estadounidenses les impusieron las llamadas “Medidas Administrativas Especiales” (S.A.M., por sus siglas en inglés), previstas en virtud de los reglamentos federales de 1996 cuando existe la sospecha de que las comunicaciones de los reclusos de prisiones federales podrían poner en peligro la seguridad nacional o conducir a actos de violencia o terrorismo.

De nuevo fueron enviados a “el hueco”, impidiendo así que tuvieran contacto con el mundo. Sus comunicaciones con los abogados fueron canceladas. Se les prohibieron las visitas, incluidas las consulares; no se les permitió recibir correspondencia, ni utilizar el teléfono, y ni tan siquiera comunicarse con sus familiares. Esta medida fue adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos en una etapa crucial del proceso legal, cuando los contactos entre el abogado y el cliente son imprescindibles y los abogados centraban su atención en la preparación de las declaraciones para las apelaciones.

Las “Medidas Administrativas Especiales” fueron enmendadas en virtud de la Ley Patriótica de 2001, que extiende el período de tiempo en que se pueden imponer esas medidas desde 120 días hasta un año, y modifica las normas para aprobar las prórrogas. Como resultado de dicha enmienda, las “Medidas Administrativas Especiales” podrían aplicarse de nuevo a los Cinco en cualquier momento en el futuro. 

Los Cinco han permanecido encarcelados durante más de 9 años. Durante ese tiempo, a Adriana, la esposa de Gerardo Hernández, no se le ha otorgado la visa para poder visitar a su esposo. Tampoco se ha permitido a Olga, la esposa de René González, visitarlo.

Con respecto al resto de los familiares, el Gobierno de los Estados Unidos ha seguido demorando innecesariamente el otorgamiento de los permisos de entrada. Eso significa que el promedio de visas otorgadas por miembro de la familia (incluidos madres, padres, esposas e hijos) apenas es una al año por miembro de la familia.

Por consiguiente, en la mayoría de los casos, los familiares han podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aun cuando, de conformidad con los acuerdos de visitas de las prisiones respectivas, las visitas podrían haberse realizado con más frecuencia de haberse otorgado la visa.

Amnistía Internacional ha condenado esos actos como violaciones del derecho internacional. En carta dirigida al Departamento de Estado de los Estados Unidos, Amnistía Internacional declaró: “Esa denegación de las visitas familiares a prisioneros convictos representa, en cualquier caso, una privación sustancial.   Esto constituye una preocupación aún más urgente en estos casos dadas las graves cuestiones planteadas acerca de la imparcialidad de las condenas” y añadió: “esta medida es innecesariamente punitiva y violatoria de las normas para el trato humano de los prisioneros y de la obligación de los Estados de proteger la vida familiar”.

LA RECIENTE DECISIÓN DE ATLANTA

El 4/6/08 el panel de 3 Jueces encargado por el Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta de examinar el caso de los 5 cubanos e integrado por los jueces Stanley Birch, Phillis Kravitch y William Pryor, emitió su opinión después que el 9 de agosto de 2006 el Pleno de esa Corte dejara sin efecto su opinión anterior del 9 de agosto de 2005 en que anuló las condenas de los 5 y ordenó un nuevo juicio por considerar que no tuvieron un juicio justo.  En esa ocasión el Pleno instruyó a los jueces a examinar el resto de los argumentos de la apelación.

En esta opinión el Panel ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco; ratificó las sentencias de Gerardo Hernández y René González; anuló las sentencias de Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, y devolvió a la Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos para ser sentenciados nuevamente en audiencia que debe convocar a tales efectos.

De forma unánime el Panel rechazó cada uno de los argumentos de apelación de la defensa, alegando que los mismos “carecen de mérito”, excepto en parte de los argumentos relativos a las sentencias de Ramón, Antonio y Fernando. Sólo en el cargo de conspiración para cometer asesinato impuesto a Gerardo, cargo que la propia Fiscalía reconoció en el juicio y ante la propia corte de apelaciones que no podía probar, la decisión fue 2-1, con una opinión contraria de 16 páginas de la jueza Kravitch, quien afirmó que el Gobierno no presentó ninguna evidencia para probar que Gerardo era culpable de dicho Cargo.

La opinión, de 99 páginas, fue redactada por el Juez Pryor, designado por la Corte para formar parte del panel en el 2007, quien con un lenguaje politizado ajeno a un texto legal, favorece explícitamente la posición del Gobierno e incluso cambia hechos mencionados por ese mismo panel en su decisión anterior a favor nuestro en el tema de sede y manipula hechos que forman parte del expediente del caso.

Pryor, cuya nominación como juez federal fue altamente controversial por sus posiciones de ultraderecha y generó denuncias en importantes medios de prensa de Estados Unidos y fuertes críticas dentro del Senado, fue nombrado por Bush en abril del 2003 y rechazado en esa ocasión por el Senado. Posteriormente, en junio del 2005, logró su confirmación con el voto en contra de 45 senadores mediante un arreglo negociado por el hoy candidato presidencial por el Partido Republicano John McCain.

En entrevista concedida a la T.V. cubana al día siguiente de la opinión del Panel de 3 jueces, Leonard Weinglass, abogado de la Defensa, afirmó:

 “Cuando los Cinco fueron arrestados en 1998, el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos  hicieron una declaración diciendo que la seguridad nacional de ese país no había sido dañada.  Ahora, después de 10 años en prisión, tenemos una afirmación por un Panel de 3 jueces del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta  de que no hubo espionaje y que ninguna información secreta fue obtenida ni trasmitida por los cinco cubanos.  Eso lo encontró así el Panel, y aun así 3 de ellos regresan a Miami para una re-sentencia y no estamos seguros de cuál sería la nueva sentencia.

El caso de Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas más 15 años) era el caso más fácil, de acuerdo con todos los abogados, y pudo haber sido retirado. Sin embargo, aunque su caso es fácil desde el punto de vista legal dada la falta de pruebas para el cargo que se le imputa de conspiración para cometer asesinato, desde el punto de vista político es el caso más difícil, debido al clima político existente en Miami.  La Corte no tuvo el coraje de dejar a un lado dicha condena incluso a pesar de que el propio Gobierno reconoció por escrito en el juicio que no la podía probar.

Cuando usted lee toda la opinión que dieron, en particular las primeras 40 páginas, para nosotros, como abogados, está bien claro que hay prejuicio ideológico en el dictamen emitido. 

En esta decisión de 99 páginas, el Panel de 3 jueces encuentra que la jueza de la Corte de Miami que los sentenció, Joan Lenard, cometió errores al sentenciar a Fernando; cometió errores al sentenciar a Antonio; cometió errores al sentenciar a Ramón; cometió errores en las instrucciones que le dio al jurado sobre Gerardo, y, de acuerdo con dos de nuestros tres jueces, cometió errores al negar el cambio de sede.

A pesar de estos seis o siete errores serios, la Corte devuelve el caso a la jueza Lenard.

Lamentablemente, este caso es una de esas situaciones donde creo que el gobierno de Estados Unidos está utilizando su sistema de justicia para lograr un objetivo de política  exterior.  Es por eso la diferencia con el caso de Posada Carriles, y entre el caso de Posada Carriles y este caso.

Cuando esto sucede históricamente y se revela esta existencia de prejuicio político, los norteamericanos sienten un gran sentimiento de vergüenza en las leyes y en la confianza del sistema de justicia, en los tribunales de justicia.”